Más allá de la función jurisdiccional del Poder Judicial, los avances analíticos y estudios estadísticos han acumulado un importante caudal de datos y reflexiones sobre la violencia familiar que, junto a las obligaciones asumidas por el Estado, impone a esta Suprema Corte de Justicia construir dispositivos cada vez más eficaces para doblegar el progresivo flagelo que constituye semejante reproducción de la violencia social y, en particular, en el seno de las familias. No existen excusas para demorar su abordaje ante la trágica realidad de muchos hogares y espacios convivenciales que desencadena graves daños a sus integrantes. Y en ese sentido, le corresponde al Poder Judicial, como actor estatal y en el marco de las políticas públicas, facilitar el camino de construcción de justicia e inscribirse en un contexto que coadyuve a prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar y, en particular, la de género.

En ese marco, convencidos de que la violencia de género constituye una violación a los derechos humanos de las mujeres, que impacta además en sus potencialidades y con ello en el crecimiento y el desarrollo de las naciones, esta Suprema Corte de Justicia como garante de las obligaciones internacionalmente asumidas y en el marco de la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los actos que impiden a las mujeres vivir una vida libre de violencia, se propone avanzar en nuevas líneas de acción, sin descuidar aquellas que desde años atrás se han instaurado de la mano de una fuerte política de capacitación a los operadores judiciales, actividades además abiertas a la comunidad.

Esas medidas se adoptan en un contexto signado por el incesante crecimiento de la demanda del servicio de justicia, de lo que dan muestras claras las estadísticas vinculadas al ingreso de denuncias de violencia familiar, tanto en el fuero de Familia como en el de Paz, así como también sus repercusiones en el fuero Penal, reflejando sin dudas la gravedad del problema y su multidimensionalidad.

En tal sentido, desde el 1º de diciembre de 2015 funciona el Registro de Violencia Familiar –creado por el art. 18 de la Ley 12.569, texto s/Ley 14.509-, reglamentado y ampliado en sus funciones por Acuerdo Nº 3690 y Res Pte. SPL Nº 140/15, que además de constituirse en una herramienta de gestión, brinda también estadísticas sobre el fenómeno, imprescindibles a los fines de detectar nudos críticos en el acceso y servicio de justicia que permite diseñar políticas públicas desde un abordaje interseccional.

Asimismo, con miras a brindar una respuesta jurisdiccional basada en medidas útiles dictadas en tiempo oportuno, y a sabiendas que la falta de incorporación de la perspectiva de género en el juzgamiento, y en todo cuanto hace al acceso a la justicia, puede agravar la situación de las víctimas de violencia, es que esta Suprema Corte provincial ha dispuesto la elaboración de un Protocolo para juzgar con perspectiva de género, por el que se brindarán guías conceptuales y prácticas, en pos de optimizar y mejorar la calidad de su servicio (Ver Sentencia C118.472).

En ese contexto, este segmento del sitio web de la Administración de Justicia se dedicará a la temática, brindando acceso a los usuarios del RVF e incorporando otras herramientas tales como normas, informes, jurisprudencia y documentos de interés.

Por su parte, en razón de las obligaciones del Estado en torno a sensibilizar a la comunidad, en general, respecto de la problemática de la violencia familiar y de género, alertando sobre sus consecuencias y promoviendo valores de igualdad entre los géneros, tolerancia y libertad, en el marco de una armónica convivencia, se visualizan en el sitio las distintas ofertas de capacitación que ofrece el Instituto de Estudios Judiciales vinculadas a la temática, así como también aquellas desarrolladas en el marco de lo normado por el art. 14, del Anexo I de la Acordada 3690, todas gratuitas y abiertas a la comunidad.

Además se incorpora al sitio una Guía de Recursos con la doble finalidad de servir de herramienta de trabajo a los operadores del sistema de justicia involucrados en la problemática, así como también facilitar el acceso a la información a los miembros de la comunidad.

Por último, se espera que el sitio favorezca la articulación con el Poder Ejecutivo, de modo tal que agregue valor preventivo, asistencial y de tratamiento a los programas de atención de la violencia familiar, especialmente necesarios en los ámbitos que hacen a la educación, la salud, el empleo y el acceso a la vivienda, y sin cuya existencia y financiamiento, difícilmente, se logrará revertir la situación de vulnerabilidad de las víctimas de violencia familiar y de género, con miras a quebrar el ciclo y reproducción que se observa.