La Suprema Corte de Justicia dictó una norma práctica interpretativa del artículo 92, último párrafo, del Código Procesal Penal. A partir de una presentación efectuada por el Defensor ante el Tribunal de Casación Penal, la resolución establece que los tribunales del fuero penal deberán notificar a la Suprema Corte y al Tribunal de Casación cualquier modificación sobre la defensa técnica de imputados. También establece que los letrados de confianza deberán, al momento de interponer recursos, fijar domicilio ante cada una de dichas instancias.