Los juzgados y tribunales penales, de menores y de paz deberán enviar a las Fiscalías Generales copia de las sentencias que ordenan el decomiso de armas y efectos, antes del 28 de febrero del 2010. La medida se sustenta en la necesidad de adoptar los recaudos pertinentes para su retiro y posterior destrucción. Así fue dispuesto por la Presidencia de la Suprema Corte (Res.01-10), a fin de cumplir con la resolución 3494 del 4 de noviembre de 2009.