Por Resolución 468 se resolvió realizar una investigación sobre cualquier antecedente emanado de la Suprema Corte y la Procuración General, producido durante el período comprendido entre 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, en los que pudo haber quedado comprometido el respeto a los principios básicos del Estado de Derecho, a los derechos humanos y a las garantías constitucionales de las personas.