Con fecha 3 de Noviembre de 2008, la Suprema Corte de Justicia, en coordinación con la Procuradora General, resolvió hacer saber al Poder Ejecutivo provincial su 'profunda preocupación', por diversos hechos que afectan el servicio de justicia de menores, y 'que derivan (en este caso según el voto de mayoría) de modo directo e inmediato de acciones u omisiones discernibles en la esfera de atribuciones, deberes y responsabilidades', del Poder Ejecutivo. Asimismo recordó que el Poder Judicial tiene la competencia exclusiva en la adopción, modificación, o extinción de las medidas de coerción personal previstas en materia de responsabilidad penal juvenil.