Con fecha 18 de septiembre de 2008, la Sala I del Tribunal de Casación Penal, en el 'Incidente de competencia' que tramitó bajo el nº 27.491, estableció que las Cámaras de Apelaciones y Garantías en lo Penal deben actuar como Alzada natural tanto de los Juzgados de Paz cuanto de los Juzgados en lo Correccional, a los efectos de la revisión de los pronunciamientos de condena respecto de procedimientos incoados por infracción al Decreto ley 8031/73.