Por sentencia de fecha 30 de Mayo de 2013, la Sala VI del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, en causa nº 55.234, caratulada 'C., L.W. s/ Recurso de Casación', resolvió que el hecho de que una persona se encuentre privada de su libertad no altera los presupuestos y condiciones de la legítima defensa, pero sí nos obliga a prestar más atención a la tarea desarrollada por el Estado en su rol de responsable primario de la integridad de los internos. En el caso, el personal penitenciario no acudió en auxilio del causante a tiempo, ni impidió el desenlace fatal. Y aunque el recurrente enuncia cursos de acción alternativos no ha logrado acreditar que el imputado haya contado con la posibilidad concreta, cierta y efectiva, de acudir al servicio estatal y de obtener una protección real y, al menos, no sensiblemente inferior al que él mismo podría haber obtenido con su defensa.