La Suprema Corte resolvió hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial, casar la sentencia impugnada en el nivel de la individualización de la pena y reenviar los autos al Tribunal de Casación para que dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho, por considerar –en lo sustancial- que la decisión del órgano casatorio transgredió el régimen de los arts. 40 y 41 del Código Penal, dado que no es posible afirmar que la labor referida a la determinación judicial de la pena se trate de una actividad discrecional de la instancia de grado.