La Suprema Corte –por mayoría de fundamentos- rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor particular del imputado, en cuanto consideró para este caso –entre otras consideraciones- que 'el sistema establecido en nuestro derecho positivo no asigna a la fiscalía como facultad que le sea propia la de establecer el monto máximo de la pena a imponer al acusado y no se advierte en esto una acumulación de funciones por parte de la jurisdicción que afecte el principio acusatorio'