Con fecha 13 de abril de 2011, la Suprema Corte de Justicia, conjuntamente con la Procuración General, resolvieron que esta última proporcionará a la Suprema Corte de Justicia la información contenida en la Base de datos del SIMP, con sustento en lo dispuesto en la cláusula séptima del Acta suscripta por Resolución de Presidencia 5/09, entre otras pautas reglamentarias tendientes a la implementación de dicha herramienta en el ámbito del fuero penal de la Administración de Justicia.