La Sala II del Tribunal de Casación Penal en causa nº 22.398, resaltó la necesidad de distinguir la posible nulidad (art. 201 y ss. del C.P.P.) o exclusión probatoria (art. 211 del C.P.P.) de determinados actos investigativos en virtud de la afectación de derechos constitucionales, de la ulterior posibilidad de incorporarlos por lectura (art. 366 del C.P.P.), limitando con ello la oralidad e inmediación que caracterizan el debate previsto para el juicio común en nuestro actual sistema procesal. Se señaló al respecto que en el caso de testimonios recibidos en la etapa investigativa sin posibilidad de control de la defensa, el eventual detrimento al derecho constitucional garantizado por los artículos 8 inciso 2º 'f' de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 inciso 3º 'e' del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se produce cuando es recibida la declaración o denegada la petición de la defensa de interrogar al testigo y no en el debate cuando, habiéndose tornado ya imposible el ejercicio de aquel derecho, se decide la incorporación por lectura de la diligencia en virtud de la muerte, inhabilitación o ausencia del órgano de prueba.