Con fecha 5 de octubre de 2010, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín, en causa Nro. 2035/10, desestimó el recurso de apelación, confirmando la sentencia de grado, que rechazó la demanda, concluyendo que la denuncia de irregularidad del servicio y omisión en el cumplimiento en los deberes en materia de seguridad no puede originar responsabilidad del Estado frente a los actos de violencia encuadrados en el concepto de fuerza mayor. Frente al planteo de responsabilidad estatal en su actividad lícita, por 'sacrificio especial', no ha demostrado la existencia de voluntad estatal de permitir los actos de vandalismo y saqueos.