La Sala III del Tribunal de Casación, en causa nº 9.456 –nº 1878 del Reg. de Sala-, señaló que la instancia privada constituye la acusación o denuncia necesaria para proceder al inicio de una investigación por la comisión de delitos contra la libertad sexual, entre otros, y que en cuanto opera como un derecho exclusivo de la víctima a efectos de remover el obstáculo legal para el libre curso de la acción pública de oficio, el particular puede oponerse al accionar público de oficio, explicándose su facultad de instar la acción como la renuncia a ese derecho de oposición.