Con fecha 4 de agosto de 2010, la Suprema Corte de Justicia y la Procuración General acordaron las normas reglamentarias que deberán cumplir, al tiempo de su puesta en funcionamiento, las Secretarías de Gestión Administrativa en materia penal (ley 13.943). Entre las pautas del Acuerdo se establecen criterios uniformes de aplicación para la fijación de audiencias y centralización de agendas entre magistrados y funcionarios del Ministerio Público.