20-04-2012 | Mensaje del Presidente de la Suprema Corte de Justicia. "Todos los jueces de la Provincia deben garantizar la adecuada prestación del servicio de justicia"

El Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Néstor de Lazzari afirmó que la adecuada prestación del servicio de justicia "es una exigencia indeclinable e irrenunciable para el Poder Judicial", y agregó que su aseguramiento constituye tarea esencial no solo de la Suprema Corte, sino "de todos y cada uno de los magistrados". En tal sentido afirmó: "Todos los jueces, cualquiera sea su competencia, su fuero o su grado tenemos el deber de garantizar esa prestación".

Las declaraciones del Dr. de Lazzari se dieron a conocer en su segundo día de Presidencia de la Corte provincial, a través de una inédita comunicación por videoconferencia con más de 1000 jueces de los 18 departamentos judiciales de la Provincia de Buenos Aires.

Mensaje del Presidente de la Suprema Corte:
Agradezco la atención que han dado a nuestra convocatoria. Me resulta grato poder comunicarme con todos ustedes por este medio, alcanzando la geografía entera de nuestra Provincia.

Al inicio de mi desempeño como Presidente de la Suprema Corte de Justicia, en primer lugar quiero hacer llegar mi cordial saludo y la total disposición a atender los requerimientos que en ejercicio de la trascendente función que ustedes desempeñan se suscitan cotidianamente. En ese sentido, es mi intención que la comunicación sea permanente, ágil, sin formalismos, sin exigencias burocráticas, con puertas abiertas.

Nos ocupa hoy la situación del Poder Judicial, afectado por medidas de fuerza que lleva a cabo parte del personal.

Está claro que es deseo de todos contar con una organización judicial que tenga medios adecuados, organismos suficientes, capacitación, tecnología y elementos idóneos para desenvolver la misión que nos cabe. Cómo no vamos a querer que nuestros empleados perciban salarios dignos, que retribuyan con justicia el esfuerzo que día a día ponen de manifiesto. Ninguna duda puede existir en torno a que compartimos la aspiración de obtener mejoras para todos, y especialmente para los sectores del personal mas desfavorecidos.

Pero el Poder Judicial no es una isla. Lamentablemente sufre las mismas carencias que se perciben en otros ámbitos de la administración provincial, en un marco general signado por graves dificultades económicas.

Los derechos de huelga, de peticionar y de reunión ciertamente merecen y tienen reconocimiento. Pero deben ejercerse en un contexto que no colisione con otros igualmente respetables. Porque también conforma garantía constitucional ineludible la tutela judicial continua y efectiva, el acceso a la justicia. La adecuada prestación del servicio de justicia es una exigencia indeclinable e irrenunciable para el Poder Judicial. No es posible privar de justicia al habitante de la Provincia de Buenos Aires o prestarla deficitariamente.

Por supuesto que su aseguramiento constituye tarea esencial de la Suprema Corte. Pero también lo es de todos y cada uno de los magistrados en su propio ámbito funcional. Todos los jueces, cualquiera sea su competencia, su fuero o su grado tenemos el deber de garantizar esa prestación.

El conflicto actual es un eslabón más de una situación signada por expectativas que confrontan con limitaciones y carencias generalizadas en la Provincia. No es resorte del Poder Judicial resolverlo. Cada vez que el Tribunal que presido ha visualizado la posibilidad de que su intervención permita alcanzar razonables soluciones no ha vacilado en comprometerse. Suficiente prueba de ello la tuvimos el año pasado, en que la Suprema Corte asumió la condición de mediador entre el gremio judicial y el Poder Ejecutivo, arribando a un razonable desenlace.

Pero el actual es un desacuerdo externo a las posibilidades de la Suprema Corte, que no está en condiciones de definirlo por más que sus consecuencias repercutan directamente en el ámbito del Poder Judicial, no advirtiéndose –todavía- señales que permitan ensayar un mecanismo como el mencionado del año anterior. Señales que únicamente podrán emerger en la medida en que los polos del conflicto desanden actitudes intempestivas o poco racionales que más que acercar alejan posiciones; dejen de apostar al todo o nada y en su lugar se empeñen en la búsqueda de un camino fértil de negociaciones.

Partiendo entonces de las premisas de que la prestación del servicio de justicia es ineludible y no negociable, y que la solución del diferendo en la forma en que ha sido planteado escapa a nuestras posibilidades, nos encontramos en una situación en la que -por ahora- sólo nos cabe aunar esfuerzos y aplicarnos al cumplimiento estricto de nuestras obligaciones funcionales.

En ese marco, no sin agradecer todo lo que los magistrados vienen haciendo hasta el presente, me permito instarlos a redoblar esos esfuerzos. Si la prestación del servicio de justicia es indispensable, indispensable es que los Juzgados tengan sus mesas de entrada abiertas, que los justiciables y los profesionales reciban debida atención, que las audiencias se tomen, que los escritos se despachen y que las resoluciones se notifiquen.

Y también es necesario que se cumplimenten acabadamente las reglamentaciones vigentes en orden a la información sobre presentismo. Y esto último por varias razones. En primer lugar, porque la normativa está para ser cumplida. Podemos comprender la natural actitud de quienes quieren que no se sigan consecuencias desfavorables a su personal, mas no podemos omitir nuestros propios deberes. El respeto del derecho de huelga no incluye un plus consistente en pagar por tareas no realizadas. De allí los descuentos, sobre cuya efectivización solicito sean informados puntualmente los empleados que trabajan en sus respectivos órganos por haberlo así resuelto por mayoría la Suprema Corte.

En segundo término, porque es necesario conocer en su real dimensión la situación de cada organismo. No se trata de controlar por controlar o con un espíritu persecutorio, sino que es imprescindible contar con cifras exactas, porque más allá de títulos alarmistas de algunos medios de comunicación según los cuales la justicia estaría paralizada la realidad demuestra un panorama diverso. A estar a las propias cifras de concurrencia a las asambleas celebradas en los distintos departamentos judiciales que publica la organización gremial en su página, la cantidad de adherentes es muy baja. Entonces, pongamos las cosas en su quicio. Digamos en verdad lo que está pasando. Quién quiere hacer huelga y quién quiere trabajar con normalidad y lo está haciendo. La sociedad entera requiere claridad en este aspecto, para no seguir deteriorando la imagen de la Justicia.

Concluyo reiterando el reconocimiento de la Suprema Corte a los esfuerzos que vienen realizando los señores magistrados en su renovado compromiso funcional.

Muchas gracias.