El informe elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires sistematiza la labor de la Autoridad de Implementación y Seguimiento (APCS) durante el bienio 2022-2024, orientada a ejecutar el mandato del fallo 'Verbitsky' y revertir el hacinamiento estructural en el sistema de encierro bonaerense. Mediante un diagnóstico estadístico integral sobre la evolución de la población privada de la libertad , el texto despliega una serie de ejes programáticos que abarcan desde el desalojo progresivo de comisarías y la expansión de la infraestructura penitenciaria hasta la racionalización de la prisión preventiva y el fomento de medidas alternativas como el monitoreo electrónico , consolidando así una nueva institucionalidad colaborativa diseñada para garantizar pisos mínimos de habitabilidad y derechos fundamentales.