Mediante la Resolución SC Nº 216/24, la Suprema Corte de Justicia aprobó la Guía de Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia de las Personas Mayores, por medio de la cual se establecen pautas y reglas para orientar a magistrados, funcionarios y agentes judiciales a fin de garantizar el trato digno, respetuoso y no discriminatorio, como así también el acceso sustancial, de calidad y sobre bases igualitarias al servicio de justicia de las personas mayores. Su implementación rige a partir del 13 de mayo del corriente año, tal lo dispuesto en Resolución SSJ Nº 447/24.

La Guía repasa en forma concisa el marco jurídico aplicable a las personas mayores, para luego reparar en las barreras con las que usualmente pueden enfrentarse cuando interactúan con el sistema de justicia, y finalmente desarrollar las medidas de ajuste (identificativas, conductuales y de procedimiento) que propician los instrumentos internacionales que consagran sus derechos.

En mayor detalle, en el instrumento se abordan temas que van desde la adaptación de la infraestructura edilicia a la superación de la brecha digital; desde la atención preferente de la persona mayor al uso de técnicas de escucha activa y de lenguaje claro y adaptado; de la celeridad reforzada de los actos procesales -para los cuales se le asigna prioridad a este grupo poblacional-, a la preferencia por las actuaciones orales y el trabajo en red, con apoyo familiar y social.

En suma, se trata de un documento de amplio alcance y con previsiones inéditas en términos de tutela judicial continua y efectiva de personas mayores. Para ello, una Comisión creada por la Suprema Corte de Justicia con el específico objetivo de concretar su confección, llevó adelante reuniones con referentes involucrados en la materia, tanto del Poder Judicial como de organismos públicos nacionales, provinciales y municipales.

El esquema de trabajo participativo incluyó, asimismo, aportes de representantes del Colegio de Abogados provincial y organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos de las personas mayores; como así también de académicos de las áreas del derecho, la psicología y la gerontología, entre otros actores convocados.