A partir del 7 de agosto 2023 se dispone que los organismos jurisdiccionales de la Administración de Justicia, así como los órganos de gobierno de la propia Corte y los Registros Públicos, libren las comunicaciones en formato digital a la Cancillería (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación), a través del Sistema de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas (PyNE) del Tribunal.