La Suprema Corte de Justicia adquirió el complejo edilicio integrado por las casas "Villa Devoto" y "Villa de Bary", ubicadas en la calle Buenos Aires al Nº 2285 y Nº 2247 respectivamente, de la ciudad de Mar del Plata.

Fortaleciendo la infraestructura del sistema de justicia local, la incorporación de estos bienes -declarados de interés patrimonial-, permitirá la instalación de órganos judiciales, salas de audiencias, un centro provincial de capacitación, biblioteca, oficinas complementarias y sectores multiuso, entre otros espacios.

   

Asimismo, la adquisición de estas propiedades estrecha la relación con la comunidad y custodia el valor patrimonial e histórico de la ciudad. En torno a ello, la Suprema Corte de Justicia, a través de su presidente Sergio Torres, y el Municipio de General Pueyrredón por medio de su intendente, Guillermo Montenegro, suscribieron un convenio de trabajo conjunto para desarrollar actividades culturales, de interés general y vinculadas a la historia y la preservación del patrimonio en ambas fincas.

Atendida con créditos presupuestarios propios de la Jurisdicción Administración de Justicia, asignados para la adquisición de inmuebles y aprobados por la Ley 15.394 de Presupuesto General para el ejercicio 2023; las compras contaron con las tasaciones oficiales de ARBA y la Fiscalía de Estado, la intervención previa de la Contaduría General y Tesorería General de la Provincia, y con la escritura por parte de la Escribanía General de Gobierno. Con estas adquisiciones la Administración de Justicia integra dos superficies por un total de 2814 metros cuadrados.

  

Esta ampliación arquitectónica estratégica es sin perjuicio del plan de construcción del Complejo Judicial en el predio ubicado en Juan B. Justo y Pehuajó, para lo cual se contempla una reformulación del proyecto original comprensivo de las características actuales en materia de gestión judicial, en particular a partir de la consolidación del uso de medios y recursos tecnológicos, tanto a favor de la labor de magistrados, abogados y personal judicial, como del acceso a la justicia de los ciudadanos.