Casación - Sentencias destacadas
El Tribunal de Casación Penal (Sala V) hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa, sin costas; declaró la nulidad del veredicto de culpabilidad respecto de M., E. G. por los delitos de abandono de persona agravado seguido de muerte, abandono de persona agravado por grave daño en la salud y homicidio culposo y dispuso el reenvío de las actuaciones a la instancia de origen para que, con la debida integración, se realicen los actos necesarios para la celebración de un nuevo juicio, debiendo preservarse la garantía de prohibición de reformatio in peius en los términos reglados por el art. 435 del Código Procesal Penal. Para así decidir, consideró que las instrucciones finales fueron deficitarias en aspectos centrales por cuanto presentaron al jurado tres formularios como si se tratara de tres hechos distintos pese a que la acusación describiera un único hecho: la provocación intencional de un incendio con pluralidad de víctimas, desnaturalizándose así la unidad del hecho y confundiendo y condicionando la deliberación del jurado. Además, se incorporó una hipótesis fáctica nueva -el delito de abandono de persona-, ya que esta conducta no formó parte de la acusación original ni fue debatida en juicio afectándose el derecho de defensa en juicio y el principio de congruencia. Adicionalmente, las instrucciones dadas al jurado sobre este último delito, resultaron incompletas y contradictorias, lo que pudo influir en el veredicto.
El Tribunal de Casación Penal (Sala V), con el voto de los jueces Manuel Bouchoux y Mario Kohan, hizo lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la defensa oficial del joven condenado, estableció una interpretación del artículo 97 desde una mirada sistemática e integral de la ley y trazó lineamientos para que la evaluación acerca de la procedencia de la "libertad de cumplimiento" consagrada por dicha norma, resulte compatible con los principios que estructuran la ley de ejecución penal juvenil y con la naturaleza de dicho instituto previsto para el tramo final de la condena. Si bien señaló que la "libertad de cumplimiento" del art. 97 de la ley 15.571 no opera de manera automática por el mero transcurso del tiempo, la decisión judicial al respecto debe ser tomada en tiempo oportuno, es decir seis meses antes del cumplimiento total de la condena. En tal sentido, indicó que corresponde al juez encargado de controlar la ejecución de la condena, anticiparse y procurar contar con el informe al cumplirse el plazo legal que prevé la norma para, previo traslado a las partes para otorgarles la posibilidad de pronunciarse -lógicamente antes de ese plazo-, decidir en el momento que el legislador estableció para el análisis acerca de la procedencia de la libertad de cumplimiento. También con base en la naturaleza del instituto y en una lectura sistemática del capítulo específico de la ley, delimitó el margen de apreciación que incumbe al juez a la luz del contenido del informe actualizado de conducta y concepto del joven (y no una evaluación criminológica integral o de pronóstico de reinserción propia de otros institutos del régimen de progresividad).
El Tribunal de Casación Penal (Sala I) rechazó, con costas, el recurso interpuesto por la defensa del imputado contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal Nº 3 del departamento judicial de Mar del Plata que, tras la realización del juicio, lo condenó como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el encargado de la guarda de la víctima y por la situación de convivencia preexistente, a la pena de dieciocho (18) años de prisión, accesorias legales y costas del proceso.
El Tribunal de Casación Penal (Sala I) resolvió, por mayoría, hacer lugar al planteo de la defensa, declarar extinguida la acción penal correspondiente al delito por el que fue acusado el imputado, y dictar su sobreseimiento, sin costas.
El Tribunal de Casación Penal (Sala I) hizo lugar al recurso interpuesto por la defensa, sin costas; casó la sentencia del Tribunal en lo Criminal Nº 4 del Departamento Judicial de San Martín que condenaba al imputado a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, multa de cien mil pesos y costas, por resultar coautor del delito de tráfico de mercaderías peligrosas para la salud y, consecuentemente, lo absolvió disponiendo su inmediata libertad.
El Tribunal de Casación Penal (Sala I) rechazó, con costas, el recurso interpuesto por la defensa contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal Nº 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que condenó al imputado a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal (art. 119, tercer párrafo, Código Penal).
El Tribunal de Casación Penal (Sala V) rechazó, con costas, los recursos de casación interpuestos por la defensa oficial de N.A.L. y por la Asesoría de Incapaces, y confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal Nº 4 del Departamento Judicial Mercedes que lo condenó a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas del juicio por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado por el acceso carnal, con prohibición de contacto del imputado con la víctima y su hija menor por cualquier medio. Para así decidir, sostuvo que el análisis del caso concreto debía efectuarse a través de una mirada interseccional y que, lejos de ser un supuesto en el que las barreras actitudinales impidieron a la persona con discapacidad ejercer libremente su sexualidad, se trató lisa y llanamente de un ataque contra su integridad sexual. Se probó que la víctima fue sometida a un acto de violencia sexual, que la sorprendió y atemorizó, le causó dolor físico y al que se opuso expresamente. La hipótesis de la defensa de una relación sexual consentida se basó en los dichos del imputado que, además de no haber sido acreditados, fueron desmentidos con ciertas circunstancias del caso. A su vez, conforme una mirada con perspectiva de género, el consentimiento para mantener relaciones sexuales no puede presumirse a partir de comportamientos previos, sino que el mismo debe ser actual, único y específico. Un enfoque desde las perspectivas de discapacidad y de género no puede desconocer que las mujeres con discapacidad son más vulnerables a sufrir actos de violencia sexual. El imputado, más allá de sus limitaciones intelectuales, comprendió la antijuridicidad de su conducta pues, de acuerdo con las circunstancias probadas, N.A.L. tapó la boca de la joven, la llevó por la fuerza a un monte cercano y, luego de accederla carnalmente contra su voluntad, le exigió que no dijera nada de lo ocurrido, circunstancia por demás reveladora de la comprensión de la antijuricidad de su accionar.
El Tribunal de Casación Penal (Sala IV) rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal Nº 4 del Departamento Judicial San Isidro, que condenó a Georgina Laura Vidal Bianchi, a la pena de nueve años de prisión, accesorias legales, con más inhabilitación especial para ejercer profesión y/o actividad médica por el término de diez años, y costas del juicio, por haber sido hallada autora penalmente responsable de los delitos de lesiones graves reiteradas (cuatro hechos) y homicidio que concurren materialmente entre sí (arts. 5, 12, 20 bis, 29 inc. 3º, 40, 41, 45, 55, 90 y 79 del CP), y a Santiago Gabriel Narvaez Tinnirello, a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, accesorias legales, con más inhabilitación especial por término de cinco años para ejercer actividad comercial relacionada a establecimientos privados asistenciales, y costas del juicio; por haber sido hallado autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo (arts. 5, 12, 29 inc. 3º, 40, 41, 45, 84 del CP.).
El Tribunal de Casación Penal (Sala V) rechazó, con costas, el recurso interpuesto por la defensa contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal Nº 3 del departamento judicial Lomas de Zamora que, en el marco del juicio abreviado, condenó al imputado a la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y costas, declarándolo reincidente por segunda vez, en orden a los delitos de robo agravado por el empleo de arma, escalamiento y efracción.
El Tribunal de Casación Penal (Sala I) rechazó, con costas, el recurso interpuesto por la defensa del imputado contra el veredicto unánime de culpabilidad por el delito de homicidio agravado por el vínculo, por alevosía y por el uso de arma de fuego y contra la sentencia de la jueza integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 7 de San Isidro que, luego de la audiencia de cesura, lo condenó a la pena de reclusión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor de los delitos mencionados (arts. 41 bis, 45, 54, 80 incisos 1 y 2, Código Penal).
