Convención para la
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio
Adoptada y abierta a la firma y ratificación,
o adhesión, por la Asamblea General en
su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948
Entrada en vigor: 12 de enero de 1951, de conformidad con el artículo
XIII
Lista de los Estados que han ratificado la Convención, Declaraciones
y reservas (en inglés)
Las Partes Contratantes,
Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas, por su resolución
96 (I) de 11 de diciembre de 1946, ha declarado que el genocidio es un
delito de derecho internacional contrario al espíritu y a los fines
de las Naciones Unidas y que el mundo civilizado condena,
Reconociendo que en todos los períodos de la historia el genocidio
ha infligido grandes pérdidas a la humanidad,
Convencidas de que para liberar a la humanidad de un
flagelo tan odioso se necesita la cooperación internacional,
Convienen en lo siguiente:
Artículo I
Las Partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en
tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional
que ellas se comprometen a prevenir y a sancionar.
Artículo II
En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera
de los actos mencionados a continuación, perpretados con la intención
de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico,
racial o religioso, como tal:
a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesión grave a la integridad física
o mental de los miembros del grupo;
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de
existencia que hayan de acarrear su destrucción física,
total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el
seno del grupo;
e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro
grupo.
Artículo III
Serán castigados los actos siguientes:
a) El genocidio;
b) La asociación para cometer genocidio;
c) La instigación directa y pública a cometer
genocidio;
d) La tentativa de genocidio;
e) La complicidad en el genocidio.
Artículo IV
Las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los otros actos
enumerados en el artículo III, serán castigadas, ya se trate
de gobernantes, funcionarios o particulares.
Artículo V
Las Partes contratantes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus Constituciones
respectivas, las medidas legislativas necesarias para asegurar la aplicación
de las disposiciones de la presente Convención, y especialmente
a establecer sanciones penales eficaces para castigar a las personas culpables
de genocidio o de cualquier otro de los actos enumerados en el artículo
III.
Artículo VI
Las personas acusadas de genocidio o de uno cualquiera de los actos enumerados
en el artículo III, serán juzgadas por un tribunal competente
del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido, o ante la corte penal
internacional que sea competente respecto a aquellas de las Partes contratantes
que hayan reconocido su jurisdicción.
Artículo VII
A los efectos de extradición, el genocidio y los otros actos enumerados
en el artículo III no serán considerados como delitos políticos.
Las Partes contratantes se comprometen, en tal caso, a conceder la extradición
conforme a su legislación y a los tratados vigentes,
Artículo VIII
Toda Parte contratante puede recurrir a los órganos competentes
de las Naciones Unidas a fin de que éstos tomen, conforme a la
Carta de las Naciones Unidas, las medidas que juzguen apropiadas para
la prevención y la represión de actos de genocidio o de
cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo III.
Artículo IX
Las controversias entre las Partes contratantes, relativas a la interpretación,
aplicación o ejecución de la presente Convención,
incluso las relativas a la responsabilidad de un Estado en materia de
genocidio o en materia de cualquiera de los otros actos enumerados en
el artículo III, serán sometidas a la Corte Internacional
de Justicia a petición de una de las Partes en la controversia.
Artículo X
La presente Convención, cuyos textos inglés, chino, español,
francés y ruso serán igualmente auténticos, llevará
la fecha de 9 de diciembre de 1948.
Artículo XI
La presente Convención estará abierta hasta el 31 de diciembre
de 1949 a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas
y de todos los Estados no miembros a quienes la Asamblea General haya
dirigido una invitación a este efecto.
La presente Convención será ratificada y los instrumentos
de ratificación serán depositados en la Secretaría
General de las Naciones Unidas.
A partir del 1.º de enero de 1950, será posible
adherir a la presente Convención en nombre de todo Estado Miembro
de las Naciones Unidas y de todo Estado no miembro que haya recibido la
invitación arriba mencionada.
Los instrumentos de adhesión serán depositados
en la Secretaría General de las Naciones Unidas.
Artículo XII
Toda Parte contratante podrá, en todo momento, por notificación
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, extender la aplicación
de la presente Convención a todos los territorios o a uno cualquiera
de los territorios de cuyas relaciones exteriores sea responsable.
Artículo XIII
En la fecha en que hayan sido depositados los veinte primeros instrumentos
de ratificación o de adhesión, el Secretario General levantará
un acta y transmitirá copia de dicha acta a todos los Estados Miembros
de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se hace referencia
en el artículo XI.
La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo
día después de la fecha en que se haga el depósito
del vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión.
Toda ratificación o adhesión efectuada
posteriormente a la última fecha tendrá efecto el nonagésimo
día después de la fecha en que se haga el depósito
del instrumento de ratificación o de adhesión.
Artículo XIV
La presente Convención tendrá una duración de diez
años a partir de su entrada en vigor.
Permanecerá depués en vigor por un período de cinco
años; y así sucesivamente, respecto de las Partes contratantes
que no la hayan denunciado por lo menos seis meses antes de la expiración
del plazo.
La denuncia se hará por notificación dirigida
al Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo XV
Si, como resultado de denuncias, el número de las Partes en la
presente Convención se reduce a menos de dieciséis, la Convención
cesará de estar en vigor a partir de la fecha en que la última
de esas denuncias tenga efecto.
Artículo XVI
Una demanda de revisión de la presente Convención podrá
ser formulada en cualquier tiempo por cualquiera de las Partes contratantes,
por medio de notificación escrita dirigida al Secretario General.
La Asamblea General decidirá respecto a las medidas que deban tomarse,
si hubiere lugar, respecto a tal demanda.
Artículo XVII
El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos
los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros
a que se hace referencia en el artículo XI:
a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones recibidas en aplicación
del artículo XI;
b) Las notificaciones recibidas en aplicación
del artículo XII;
c) La fecha en la que la presente Convención entrará
en vigor en aplicación del artículo XIII;
d) Las denuncias recibidas en aplicación del artículo
XIV;
e) La abrogación de la Convención, en aplicación
del artículo XV;
f) Las notificaciones recibidas en aplicación
del artículo XVI.
Artículo XVIII
El original de la presente Convención será depositado en
los archivos de las Naciones Unidas.
Una copia certificada será dirigida a todos los Estados Miembros
de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se hace referencia
en el artículo XI.
Artículo XIX
La presente Convención será registrada por el Secretario
General de las Naciones Unidas en la fecha de su entrada en vigor.
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